Leía hace poco en diferentes artículos, de la prensa tradicional, cómo la implantación de un sistema impositivo moderno, había jugado un papel preponderante y decisivo en el desarrollo del estado del bienestar en Europa en general y específicamente en España, tras el fin de la dictadura y la llegada, con la Transición, de la Democracia.
Dichos análisis y opiniones tendían a rescatar y alabar, no sólo el proceso, sino el sistema político español desarrollado en las últimas décadas. Dando a entender que la crisis y la corrupción que han puesto en entredicho el modelo, no son más que situaciones coyunturales y atípicas que en nada afectan a la validez del sistema y que su aparición es ajena a dicho proceso. Como si los problemas actuales fueran fruto de una terrible casualidad, más achacable al inescrutable capricho del azar, que a la acción del hombre.
Ciertamente el franquismo utilizaba un sistema tributario que con escasas variaciones seguía una tradición imperante desde mitad del siglo XIX, es decir se basaba en la idea de que el Estado no debía intervenir en la sociedad más allá de proveer de infraestructuras básicas y tener suficiente dinero para mantener el ejército, el orden público y la diplomacia. El resto quedaba a expensas de la iniciativa privada y la iglesia, pensamiento que no por casualidad ha retornado con el nuevo e imperante ultra liberalismo. Todo ello se traducía en escasas y poco fiables estadísticas sobre la riqueza, por lo que la recaudación fiscal era reducida, el fraude, acorde con la falta de inspecciones regladas, generalizado, y consecuentemente, el reparto de impuestos escandalosamente injusto. Un ejemplo de su escasa recaudación sería el IRPF de la época, el llamado Impuesto General sobre la Renta, que en el año 1972 de las más de 350.000 declaraciones efectuadas, sólo recibió ingresos de unas escasas 30.000.
La presión fiscal en España allá por 1975, muy alejada del resto de Europa, era casi de un 19%, prácticamente la mitad de la actual. La modernización impositiva comenzó dos años más tarde con Los Pactos de la Moncloa y la primera ley de medidas urgentes de Reforma Fiscal. Un año más tarde llegaba el IRPF, luego los impuestos especiales sobre alcohol, tabaco y electricidad, los impuestos para las corporaciones locales con el IBI, el IAE y el IVTM; y finalmente en el 86 se implantaba el IVA.
Las transformaciones sociales, políticas y estructurales, no se pueden explicar sin ese aumento de la recaudación pública, algo indudable, pero se echaba en falta también, el intento al menos, de dilucidar qué efecto y peso ha tenido ese incremento ingente de recursos públicos, en las realidades incómodas que ahora descubrimos y que nos muestran que la desigualdad que en los ochentas y noventas pareció remitir, hoy es más abismal que nunca. Quizá porque los cimientos y las bases a los que fue dedicado el gasto público, no eran ni tan sólidos, ni tan bien planificados como hasta ahora pensábamos.
Los resultados hablan por los hechos, no sólo por los conocidos, sino por los que nunca se sabrán. A pesar de la palabrería económica y política o la grandilocuencia tanto de la Unión Europea, como del Estado Español y los medios, la incuestionable conclusión es que ha existido una mala gestión, desgraciadamente sólo descubierta ahora por la crisis. No puede ser casualidad que la deuda pública española ya casi haya igualado el total del P.I.B. anual (un 96%), lo que en la práctica supone que todo lo que generamos en un año como país, es el total de nuestra deuda; con el agravante de que su previsión a futuro, es que el porcentaje negativo seguirá creciendo.
El supuesto Estado del Bienestar que habíamos sufragado durante décadas, se ha esfumado, como si nunca hubiera existido, tal vez porque durante todo este tiempo los recursos que a él se dedicaban, sufrían desvíos que implican una corrupción mucho más amplia y profunda, que la anecdótica y conocida por todos en el día a día de los medios. El total así lo afirma, y las auditorias e investigaciones, que sospechosamente ningún partido tradicional apoya, pueden sacar a la luz detalles probatorios de que el engranaje ocultaba repartos y usos del dinero público con fines privados, gracias a prácticas originadas en el mismo nacimiento del sistema.
El sistema franquista fue la base sobre la que se construyó la Democracia. Un régimen donde los amiguismos y las cuotas de poder y de influencia estaban bien delimitados, y con esas fuerzas fácticas como piezas fundamentales, se empezó a cimentar el nuevo periodo, no tanto en el aspecto ideológico, pero sí en el económico, ya que la Transición nunca se propuso desmantelarlas o poner en tela de juicio su poder y procedencia.
La inercia, siempre me gusta recordar, es la fuerza más difícil de contrarrestar, y su influencia no desaparece en un instante. Es fácil imaginar cómo las formas de hacer y los repartos de obras públicas debieron marcar la codicia de aquellos primeros años. El Estado tenía más dinero que nunca, y los promotores, los intermediarios y los empresarios seguían apegados a las viejas prácticas. No sería por falta de dinero, por lo que no se llegara a acuerdos satisfactorios para todas las partes. Tendencia que pervivió y que muestran las numerosas tramas de corrupción que en la actualidad conocemos, y que el supuesto enriquecimiento de Pujol y su comisión del 5% sobre las concesiones de obra pública durante décadas, indicarían que las tramas como la Púnica o la Gürtel, no son invenciones modernas, sino inercias del pasado franquista y alimentadas por unos ingresos públicos inmensos, comparados con el periodo anterior.
La bonanza económica desviaba el foco de los continuos desfalcos y su suma hace hoy que la cantidad adeudada se asemeje a la de un desahuciado cuyas propiedades ya no son suyas, sino del banco, y que la diferencia entre todos sus ingresos de un año y sus gastos, no sirvan más que para pagar una parte de los intereses. Con el resultado, en números contables, de que el país entero pertenece a los acreedores y el pago de la deuda, a corto y medio plazo, se antoja impagable. Todo gracias a una clase política que en un desliz inconsciente, se delata cuando lanza el mensaje de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, culpando al pueblo de la que durante décadas fue su práctica; con sueldos, pensiones, adjudicaciones, venta de las grandes empresas públicas, muy por debajo de su precio real de mercado como Telefónica, injerencias en la banca y promoción de obra pública, que a resultas ha dejado vacías las arcas gubernamentales y cuyo restitución económica pertenece en forma de sacrificio al ciudadano. No así la acumulación de sus patrimonios que están salvaguardados y a buen recaudo, tras hacer de lo público un negocio.
Resulta irónico, cuando uno revisa los actuales libros y los escritos de los académicos de historia, ver cómo achacan que las razones de la II Guerra Mundial se encuentran en las crecientes desigualdades económicas y sociales que se vivieron en la época, lo que ayudó al auge de los autoritarismos, y que Europa comprendió que debía aumentar el gasto público e invertir en lo que luego se llamó el Estado del Bienestar. Irónico, porque sorpresivamente estamos desandando el camino.
Hace tiempo las teorías de la conspiración hablaban de que para la implantación del “Nuevo Orden Mundial” las élites que gobiernan el mundo habían planeado una nueva guerra global, lo que solucionaría el problema demográfico y su crecimiento exponencial previsto para las próximas décadas, así como el consumo acelerado de los recursos del planeta.
Esperemos que simplemente sea, una casualidad más.
