Los brotes negros de la corrupción aparecen por doquier, como si más que excepciones a la norma, fuera una moda globalizada y de nueva instauración. Cuanto más hincapié hace en ellos el foco mediático, más y mayores escándalos, parecen surgir. La Gürtel, y los casos Nóos, ERES, Emarsa, Dívar, Bárcenas, Pujol, y ese largo etcétera que seguirá engrosando los medios de comunicación, deben ser sólo una minúscula parte.
Un estudio publicado por la Universidad de Las Palmas en 2013, cifraba en 40.000 millones de euros al año el coste estimado en España. No atendía a cifras oficiales, sino a un método propio para intentar calcular el coste social y analizar su impacto sobre los ciudadanos y su calidad de vida. Con similar cautela debe tomarse el IPC (Índice de Percepción de la Corrupción) que como cada año publicaba la Organización de Transparencia Internacional. El cálculo se hace en 177 países, con encuestas y consulta a expertos. Es decir, su valor real, no se corresponde necesariamente con la realidad, de ahí el nombre que la ONG le da al estudio: Índice de percepción. Una forma sutil de confirmar que el verdadero calado de la corrupción es imposible de hallar. No mientras no exista una Ley de Transparencia real y profunda y que permita el acceso de cualquier ciudadano, a todas las actuaciones y cuentas de lo público.
Poco importa que la posición de España sea la 40ª, o una menor, porque para el ciudadano de a pie, el sentir es que el proceder ha sido generalizado, y que ha abarcado no sólo los últimos años, sino gran parte de las últimas décadas democráticas. La intuición le dice que las briznas que aparecen, son nada comparadas con lo que nunca se sabrá. Quizá se equivoque, pero la lógica lo avala. El poder siempre es el lugar más opaco para acceder e investigar, y su situación le permite borrar las pruebas e indicios del supuesto delito cometido. Aunque esperemos, que por su carácter burocrático, muchas más implicaciones y documentos salgan a la luz.
Hace muchas décadas, Umberto Eco, en su famoso libro de semiótica, sobre la cultura popular y los medios de comunicación, Apocalípticos e Integrados, ya nos dividía a todos en alguno de los grupos del título, y yo supongo que pertenezco a los apocalípticos. Porque creo firmemente que la corrupción que se airea en los medios de comunicación, es sólo la punta del Iceberg.
La regeneración democrática, que conllevaría la necesaria transparencia en los procesos públicos de contratas, concursos, concesiones y presupuestos de la administración, no es una cuestión política o ideológica, sino una necesidad del sistema para que éste pueda mantenerse en pie. El daño está hecho, en lo que atañe al pasado, pero desde el presente hay que cimentar las bases de un futuro diferente. Claro que la clase política actual, parece no estar por la labor de llegar al modelo finés; lo que inconscientemente los delata. Se saben culpables, y no quieren pagar, sino impedir que sus provechos sean descubiertos y mucho menos juzgados.
Finlandia está considerado el país más transparente del mundo, según el informe de Transparencia Internacional, pero más allá de la subjetividad de cada estudio, los hechos lo demuestran. Pasemos a recordar algunos de los datos de su modelo. Cualquier compra realizada por la administración debe atenerse a precios de mercado e incluir a 3 proveedores distintos, eligiéndose el más económico. Los ingresos y los impuestos de cada funcionario público, desde el presidente, pasando por un juez, hasta el más nimio oficinista, son de acceso público. La jubilación es igual con independencia del puesto, y lo único que varía el cómputo final, son los años cotizados. Cualquier toma de decisión de un funcionario, no importa su posición jerárquica, es de acceso público, salvo las concernientes a la seguridad. O la multa por violar cualquier norma, siempre es proporcional a los ingresos del infractor.
Finlandia puede ser un buen ejemplo a seguir, pero no el único. Pero lo que está claro es que las reformas necesarias para adecuar el sistema democrático a su nombre, son muchas, pero la última palabra siempre recae en los electores. Porque los gobernantes serán lo que nosotros les permitamos ser, y llevarán a cabo las reformas que el pueblo les exija. En último término, nuestra pasividad o nuestra movilización, hará el resto.
La alarma social e indignación actual, puede ser el acicate que necesitamos para crear conciencia y avanzar. Porque de lo contrario el Iceberg, seguirá creciendo y alimentándose a costa de la sanidad, la cultura y el empleo; no de los que ya se han perdido, sino de aquel estado del bienestar que hemos perdido, y que tal vez, si no actuamos pronto, nunca más resurgirá.
